El máximo tribunal dejó sin efecto el fallo que frenaba la eliminación de los límites a la compra de tierras por extranjeros. La decisión se centró en negar legitimación al CECIM de La Plata, impulsor de la causa, sin resolver la constitucionalidad del decreto.
La Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales. La resolución, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, permite que vuelva a tener efecto la eliminación de las restricciones específicas para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Sin embargo, el máximo tribunal no analizó la cuestión de fondo ni determinó si la derogación por decreto es constitucional. La Corte sostuvo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata no tenía legitimación para promover la acción colectiva y consideró que no existía un “caso o controversia” en los términos necesarios para habilitar la intervención judicial.
La decisión deja así fuera de la discusión judicial el rol de la organización que inició el reclamo. El CECIM había planteado que eliminar los límites a la extranjerización podía afectar la soberanía y la integridad territorial, una postura que había sido aceptada por la Cámara Federal platense. Los excombatientes también fundamentaron su intervención en los objetivos de la entidad, entre ellos la defensa de los derechos soberanos argentinos en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y el Atlántico Sur.
La Ley 26.737 establecía, entre otras disposiciones, un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales. Con el fallo de la Corte vuelve a quedar vigente el artículo del DNU que eliminó ese régimen, aunque sin una definición del máximo tribunal acerca de la constitucionalidad de la decisión presidencial.
Desde el CECIM cuestionaron la resolución y anticiparon que buscarán trasladar nuevamente la discusión al Congreso. Para la organización de veteranos, la defensa de la soberanía territorial forma parte de una causa colectiva y la apertura irrestricta a capitales extranjeros puede involucrar áreas estratégicas vinculadas a recursos naturales, agua y minería.
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