Una joven de 25 años permanece en coma farmacológico después de una agresión brutal en Pablo Podestá. Hay cuatro sospechosos detenidos, droga, un arma, dinero y versiones que no cierran. El caso estalló justo donde el municipio de Rodrigo Aybar viene promocionando cámaras, puestos de vigilancia y tecnología como la gran receta contra la inseguridad.
Tres de Febrero construyó durante años una de sus principales banderas políticas alrededor de la seguridad. Cámaras, patrulleros, centros de monitoreo, tótems, botones de pánico, lectores de patentes, aplicaciones y programas con nombres suficientemente modernos como para transmitir la sensación de que el delito eventualmente terminaría derrotado por un grupo de personas mirando pantallas.
El 27 de agosto, en Pablo Podestá, la realidad presentó una objeción bastante más brutal.
Agustina Soledad Rodríguez, de 25 años, estaba en su casa de Benito Pérez Galdós al 9100 cuando un hombre golpeó la ventana y simuló tener algo para entregarle. La joven se acercó. El atacante le arrojó un líquido corrosivo directamente en el rostro y escapó en un Ford Fiesta Kinetic.
Agustina sufrió quemaduras gravísimas y quedó internada en el Hospital Bocalandro, en Loma Hermosa, bajo coma farmacológico. La investigación judicial derivó luego en cuatro detenciones y en una trama que, a medida que aparecen datos, se parece cada vez menos a un episodio sencillo de explicar.
Entre los arrestados está F. H. R., de 21 años, ex pareja de la víctima. Fue, paradójicamente, quien la trasladó al hospital después de la agresión. Su declaración despertó sospechas por las contradicciones detectadas al contrastarla con otros elementos de la causa.
También fue detenido J. S., de 37 años, propietario del Ford Fiesta que habría sido utilizado para la fuga. Los investigadores establecieron además que el vehículo tenía relación con el ex novio de Agustina y que este lo utilizaba habitualmente.
Los otros dos detenidos son F. I. R., de 38 años, y D. M. G., de 43, vinculados a un pet shop en el que habían trabajado tanto Agustina como su ex pareja.
El expediente, a cargo de la fiscal Diana Mayko, de la UFI Nº7 de San Martín, tiene por ahora más preguntas que respuestas. Los cuatro sospechosos habrían ofrecido relatos incompatibles entre sí y los investigadores todavía intentan determinar quién ejecutó el ataque, quién pudo haberlo organizado y cuál fue el motivo.
La hipótesis inicial de violencia de género perdió fuerza dentro de la investigación, aunque la presencia de la ex pareja entre los detenidos inevitablemente agregó un componente explosivo al caso. También apareció una amenaza que el joven había recibido días antes contra su familia.
Después llegaron los allanamientos y el expediente decidió abandonar cualquier aspiración a la sencillez.
La Policía secuestró 15 frascos con marihuana, 31 envoltorios con cocaína, nueve teléfonos celulares, 2.495 dólares, más de 850 mil pesos, una pistola y unas 3.000 bolsitas utilizadas habitualmente para fraccionamiento. También quedaron bajo investigación aerosoles de pintura y el automóvil vinculado con la fuga.
El hallazgo abrió otra causa por presunta infracción a la ley de drogas. Hasta ahora no existe una vinculación probada entre esos elementos y el ataque contra Agustina. La Justicia deberá establecer qué significa cada pieza de ese catálogo y evitar la tentación tan argentina de resolver un rompecabezas simplemente tirando todas las piezas sobre una mesa.
La incómoda postal para Aybar
El caso tiene además una dimensión política difícil de ignorar.
Desde diciembre de 2025, Tres de Febrero es gobernado por Rodrigo Aybar, sucesor de Diego Valenzuela después de que el ex intendente abandonara el Ejecutivo municipal para asumir como senador provincial por La Libertad Avanza.
Aybar heredó prácticamente intacto el dispositivo político y administrativo construido durante una década por Valenzuela. También heredó uno de sus productos predilectos: la seguridad convertida en marca de gestión.
El municipio viene promocionando desde hace años una red de más de 1.500 cámaras conectadas al centro de monitoreo. En su último balance informó que el 95% del sistema de videovigilancia se encontraba operativo. A eso se suman móviles, lectores de patentes, Ojos en Alerta, paradas seguras y puestos fijos distribuidos por todo el distrito.
Pablo Podestá, precisamente, no figura como un territorio olvidado en ese mapa oficial. Tiene puestos de vigilancia propios. Uno de ellos está ubicado sobre Benito Pérez Galdós y avenida Márquez, la misma avenida en la que Agustina fue atacada algunas cuadras más adelante.
Las cámaras, de hecho, funcionaron. Registraron la secuencia posterior y permitieron reconstruir la fuga del agresor y seguir la pista del automóvil. Es un mérito operativo concreto y también una demostración bastante menos conveniente para la propaganda: filmar un delito y prevenirlo son cosas distintas.
Ningún sistema municipal puede garantizar que una persona no sea atacada dentro de su vivienda. Pretenderlo sería absurdo. El problema político aparece cuando una gestión vende durante años tecnología, vigilancia y monitoreo como sinónimos de seguridad y después descubre que la vida real tiene la mala costumbre de no comportarse como un folleto institucional.
Aybar recibió una maquinaria que Valenzuela exhibió como uno de sus principales orgullos. Ahora le toca administrar también sus límites.
Mientras la Municipalidad puede mostrar cámaras que ayudaron a reconstruir el ataque, Agustina sigue internada en estado grave y la Justicia intenta averiguar cómo cuatro hombres aparentemente vinculados entre sí terminaron involucrados en una historia con ácido, amenazas, drogas, dinero, un arma y un automóvil utilizado para escapar.
Para un gobierno que durante años convirtió la seguridad en uno de sus argumentos electorales favoritos, el expediente de Pablo Podestá resulta especialmente incómodo.
La tecnología registró lo ocurrido.
La política tendrá que explicar para qué alcanza.
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