Un residente fue denunciado por disparar contra animales silvestres y recibió una multa millonaria. La Provincia intervino en el caso, mientras crece el debate sobre la expansión de los barrios privados sobre los humedales.
Un episodio de violencia contra carpinchos en Nordelta, partido de Tigre, volvió a poner en discusión la convivencia entre las urbanizaciones privadas y la fauna autóctona. Sebastián Favre, un residente del barrio Los Alisos, fue filmado el 17 de septiembre mientras disparaba contra un grupo de animales que se encontraba junto al lago de su propiedad. Las imágenes motivaron una denuncia penal, un allanamiento policial y una multa de 4,5 millones de pesos impuesta por la administración del barrio. Hasta el momento, no se confirmó que los disparos hayan provocado heridas o muertes.
La investigación está a cargo de la UFI N°1 de Benavídez, conducida por el fiscal Cosme Iribarren. La Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino, solicitó ampliar la investigación por presunta violación de la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre, además del posible maltrato animal. Durante el allanamiento se secuestró un arma de aire comprimido que será sometida a peritajes. De comprobarse una infracción agravada a la legislación de fauna, el acusado podría enfrentar penas de hasta tres años de prisión.
El episodio reavivó una discusión que lleva años en Nordelta, una urbanización construida sobre antiguos humedales de la cuenca del río Luján. La población de carpinchos pasó de unos 250 ejemplares en 2021 a aproximadamente 800 en 2025, según los relevamientos realizados por especialistas del CONICET. La Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires aprobó un programa de manejo que incluye vasectomías, monitoreo y traslados controlados a reservas naturales. Durante 2026 se concretaron nuevas intervenciones reproductivas y el traslado de seis ejemplares al Delta.
Sin embargo, las organizaciones ambientalistas cuestionan que la solución se concentre en reducir la cantidad de animales y reclaman reservas naturales, corredores biológicos y la recuperación de espacios verdes que permitan su desplazamiento. Desde la administración de Nordelta sostienen que el crecimiento poblacional también genera accidentes de tránsito y conflictos con mascotas. La controversia expone un problema más amplio: el avance de los desarrollos inmobiliarios sobre ecosistemas naturales y la ausencia de una ley nacional de protección de humedales que establezca criterios específicos para su conservación.
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