Un fallo federal obliga al Gobierno de Milei a garantizar la seguridad en los tramos inconclusos de la autopista. La Provincia insiste en hacerse cargo de una obra estratégica para el conurbano que permanece paralizada desde 2023.
La Justicia Federal de San Martín hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por el gobierno de Axel Kicillof y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad realizar tareas de seguridad y mantenimiento en la Autopista Presidente Perón. La resolución, dictada el 28 de septiembre, obliga al organismo nacional a reforzar los cierres y la señalización de los sectores no habilitados, reparar sistemas de contención que presenten deficiencias y presentar un informe de las intervenciones dentro de los 15 días posteriores a su notificación.
La autopista fue proyectada para conectar el Camino del Buen Ayre con la Autovía 2 y constituir un tercer anillo de circunvalación del Área Metropolitana. De los 83 kilómetros contemplados, aproximadamente 52 están habilitados y otros 31 permanecen pendientes. La obra comenzó en 2010, atravesó distintas administraciones nacionales y quedó paralizada en diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei. Su finalización permitiría mejorar la circulación entre el norte, oeste y sur del conurbano, además de facilitar el transporte de mercaderías y el acceso a zonas industriales.
Ante la falta de avances, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, había solicitado formalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, el traspaso de la administración de la autopista para que la Provincia pudiera intervenir y avanzar con los trabajos pendientes. Según el funcionario provincial, el planteo no obtuvo respuesta. El reclamo judicial también incluyó la denuncia de problemas de seguridad derivados del estado de la traza, aunque el magistrado rechazó ordenar obras generales de iluminación, bacheo y desvíos por considerar que no existían pruebas suficientes para disponer esas intervenciones sobre todo el corredor.
La resolución representa un avance parcial para la administración bonaerense, pero no obliga a Nación a terminar la autopista ni dispone su transferencia a la Provincia. La medida cautelar tendrá una vigencia inicial de seis meses, mientras continúa el proceso judicial por el reclamo de fondo. De esta manera, el conflicto por una de las principales obras viales del conurbano sigue abierto, con el gobierno provincial reclamando asumir su ejecución y la administración nacional obligada, por ahora, a garantizar condiciones básicas de seguridad en los sectores afectados.
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